El siglo del progreso ha sido un camino asfaltado hacia el nirvana del bienestar económico que ha terminado en el vacío. ¡Oportunidad perdida! Desde sus linderos, han ido invadiendo la calzada malas hierbas, borrando las rodaderas, equivocando la meta, ignorando el final: la humanidad ha llenado de inhumanidad el camino y el final se ha perdido. La convivencia, el honor, la gallardía, el respeto al individuo y a la libertad del prójimo fueron bellas plantas ahogadas por asfixiantes enredaderas cuya única flor que queda es el yo, caiga quien caiga.
No es el engorde de ésta crisis, adjetivada de económica, de consecuencia del fracaso del capitalismo; sino la evidencia y afloramiento de la crisis moral que le acompaña y aparece en todos los referentes sociales que han sido utilizados como cicerone de organización social durante el siglo XX. En añadidura, ponen a la velada luz, la dificultad en hallar una solución cuando se está rechazando el continuismo. Si se alcanzara el valor de corregir esos desatinos fraguados en el inhumanismo, posiblemente cambiaría la forma de vida amasada y cocida durante el siglo anterior. No puede estar en la necesidad del cambio la oportunidad para el revivir de un socialismo, estandarte social del siglo acabado, que a mayor abundancia de su nulidad en la generación de posibilidades en el desarrollo económico e individual del ser humano, ha engordado y convivido con la misma contaminación; con los mismos males que han debilitado y desprestigiado la consecución del bienestar mental, espiritual y económico de un siglo. Aderezándolo, con la anulación total o parcial de los derechos individuales, de la libertad individual. Camuflándola en verborrea incendiaria para incultos de nulo discernir individual.
Si algo puede hacerse útil, en estos momentos de incertidumbre ante el camino desdibujado, es repasar lo ocurrido sin vehemencia; el forraje que alteró el camino y atoró los engranajes, y, parafraseando a E. Zola, caiga quien caiga, decir… ¡yo también acuso!.
Limitado por el tiempo, espacio, y conocimientos, voy a acotar mi inculpación a la sanidad pública española; utilizada como señuelo político desde hace casi setenta años; además de excusa, bien aceptada, en las recaudaciones estatales durante los últimos cuarenta años.
En España, como en Alemania y en muchos países europeos, la sanidad pública en forma de bien social fue implantada por gobiernos etiquetados de derechas: aquí con el prefijo o añadido de dictadura. A esos gobiernos españoles se deben, tanto para lo bien hecho como para lo mal hecho, las normas estructurales de su creación y mantenimiento durante el cuarto de siglo largo que acompañó a la dictadura, su encorsetamiento estatal; y los otros casi cuarenta años de su pervivencia en la llamada democracia sin soltar ninguna de sus sujeciones. Sus señales de función e identidad son persistentes porque no se quieren cambiar dada su utilidad para el control estatal: ahora camuflado detrás de diez y siete pequeños estados interdependientes.
La base económica ideada para el sustento de la Seguridad Social, abonó la idolatría del sistema creyendo haber descubierto el movimiento continuo: los impuestos devengados a una generación trabajadora con esa finalidad cubrirían todos los gastos sociales. Y, como el número de trabajadores crecería más deprisa que el de pensionistas siempre dejarían beneficios, cada vez más crecientes, en proporción al incremento de los trabajadores activos y a la disminución de la demanda de asistencia que propiciaría el incremento de salud aportado por sus prestaciones…el cuento de la lechera.
El envejecimiento de la población no ha surgido espontáneamente, inesperado; se veía venir con solo observar los índices estadísticos poblaciones que año tras año proporciona el propio Estado. En 1987 Arbero Curbero, en Tribuna Médica, decía:”Todo hace temer sea antes de finalizar el siglo que la balanza demográfica baje”. Y el diario ABC ese mismo año titulaba “EL actual índice de natalidad no asegura la renovación de las generaciones”.Si alguno no quería relacionarse con esas proclamas le bastaba con revisar las esquelas diarias en la prensa y obtener la media de las edades de los fallecidos, contrastando esos datos con el descenso de los nacimientos, observados también en las estadísticas, o simplemente mirando a los matrimonios jóvenes. En todos los ámbitos de convivencia se podía llegar a una conclusión fácil: España envejecería aceleradamente. ¡Pero quedaban muchas citas electorales previas! Eso son nuestros Hombres de Estado
Un dato, también sabido por anterior: el mayor incremento de la natalidad ocurrió durante los años llamados del baby boom de mediados del siglo en todo el mundo occidental, para iniciar posteriormente un progresivo descenso condicionado por las circunstancias sociales y laborales intencionadamente creadas en los últimos cincuenta años por los sucesivos gobiernos: no valoraban sus posibles consecuencias; todos estaban acordes con el beneficio social que suponían las medidas provocadoras de su cambio social hacia la modernidad.
Con esas actuaciones se podía calcular que ese aumento alarmante de la población lentamente envejecida, iniciado en 1952, por la desviación de la tasa de renovación poblacional y por los parámetros creados para incluirla, por obligación y precozmente, en el redil de jubilado, o de viejo, tendría su cenit hacia el año 2015. Y lo único que se tomaron fue medidas equivocadas.
Ahora, como inesperada explosión surge en toda la prensa la reducción de la población española; porque comienza a notarse. Se han dado cuenta que la consecuencia de ese incremento poblacional limitado a unos decenios tiene su primera repercusión en el envejecimiento de la población, y después en su disminución. General y afortunadamente son los viejos los que se mueren con mayor frecuencia. Entre 2013 y 2024 España perderá más de 2 millones y medio de habitantes. ¡Y ahora sí que se enteran!.
Nuestra clase política y sus sabios consejeros (mejor remunerados que útiles), antaño desconocedores de ese futuro, o carentes de ideas que comenzaran a prevenir ese enorme cambio social, optaron en el último decenio del siglo XX, por dos medidas a todas luces equivocadas y contraproducentes: disminuir la edad de jubilación, es decir, introducir más trabajadores en la vejez, jubilándolos en plenas facultades, e importar nueva mano de obra trabajadora sin discriminación de edad o formación laboral. Las consecuencias de esa doble equivocación han acelerado la crisis económica y han descarnado la evidencia de su aberración. Pero sus mentores siguen ocupando destacados puestos de expertos modeladores de las decisiones políticas... Y siguen actuando. López Zumel, en el diario ABC en el mes de noviembre del año 1987 ya hacia la advertencia de las “consecuencias caóticas” para nuestra Seguridad Social que podían traer las mejoras en las perspectivas de la salud y la reducción en la edad de jubilación que serán insoportables para la economía española. “En consecuencia, carece de sentido la exigencia forzosa de jubilar a tempranas edades a muchos colectivos” Pero nuestros políticos no ven las consecuencias forzosas sino las consecuencias electorales y la repercusión en sus bolsillos de cualquier medida que se les proponga. No ven, en ésta situación, que los muertos no pagan impuestos ni los consumen y esto facilita la futura posibilidad de mejorar la convivencia social y el bienestar de los ciudadanos cambiando las normas del trabajo y de convivencia social; solo ven la probable pérdida de recaudación que les obligará a aumentar los impuestos hasta cifras insoportables; y esta presión (provocada or ellos) es su actual inquietud ante las más próximas elecciones. ¡ Hombres de Estado.!
En los finales del siglo XIX Daniel Callahan dirigiendo The Hastings Center decía: “cualquiera que sea el dinero que se invierta y cualquiera que sea lo que mejore la salud nunca parecerá suficiente”. Esta premisa verdadera, confirmada y transportable al nuevo siglo, como ya ventearon los primeros componentes de la Europa Unida pasando el ecuador del siglo XX, obliga a incluir la mejora en las prestaciones de la salud entre las acciones en paralelo con las mejoras para un mundo sostenible, teniendo presente en su implantación, que las acciones equivocadas actúan en sentido contrario, destructivo, y que el mayor imperativo que debería guiarlas es su mantenimiento a través del tiempo, a lo largo de generaciones. No debe ser un parche para unos pocos años, como se viene haciendo en España desde hace 30 años en los servicios sanitarios públicos.
En el informe anual de la OMS en el año 1976 ya se advertía de la discriminatoria práctica con la concesión de mayores créditos sanitarios a las ciudades que gozan de mayor prestigio, haciendo de obstáculo para asegurar una mayor igualdad en la protección sanitaria a nivel global. A pesar de los años transcurridos, y de 30 años de gobiernos socialistas, la política piramidal de los gobiernos de la sanidad ha hecho oídos sordos a esa advertencia con el consiguiente deterioro en las listas de espera, incremento de los costes y disconfort del personal asistido. En la década de los 80, todos los países menos España, ya habían comenzado a poner en marcha políticas de reducción de costes en busca de una mejor gestión y una mayor eficacia de los recursos junto a un mayor respeto a la libertad del individuo. En medio de la penúltima crisis económica la OMS ya aconsejaba en la Asamblea celebrada en Ginebra en el año 1982 que Europa debía reorientar sus prioridades sanitarias y aconsejaba medidas como ¡ A que les suena! “: reducir el despilfarro administrativo y de otros tipos” “apuntalar los servicios infrautilizados” “ recurrir con menos frecuencia a hospitalizaciones costosas” “ hacer un especial esfuerzo económico respecto a pruebas diagnósticas” “ La evaluación de las innovaciones en todos los campos se debía hacer con más cuidado y con más precisión” etc. De la penúltima a la última crisis, casi 20 años después, en España empieza ahora a considerarse que quizá eran buenos los consejos de OMS; que no desecharon totalmente otros países europeos que ahora necesitan menos recursos y cambios.
La asistencia sanitaria estadounidense suele pregonarse en España como ejemplo a no imitar. Sin entrar a considerar los múltiples aspectos que la conforman, parcela por parcela, allí como aquí, la multitud de estratos creados alrededor de la asistencia sanitaria, convertida en industria sanitaria, llevan a confluir en el mismo conflicto: los recursos económicos. Resulta curioso como todos los políticos, y los situados en los aledaños de la política española aúnan sin sonrojo, desde hace medio siglo, el constante crecimiento de los costes sanitarios, a la necesidad de incrementar los recursos públicos, los impuestos, destinados a ellos. Trasladan la libertad de decisión del individuo sobre sus disponibilidades económicas a la decisión gubernamental del destino de ellas, amparados en la candidez con la que los contribuyentes los otorgan bajo ese epígrafe. Si la crisis económica que azota occidente, sirviera para hacer aparecer la eficiencia en las perspectivas políticas e incrementar las libertades personales podría contarse entre los efectos beneficiosos de la crisis.
Miguel López-Franco Pérez. diciembre 2013
